Europa afronta su semana clave para la interconexión ferroviaria. El próximo 29 de enero se debatirá el cuarto paquete de medidas de mejora del sistema. La Comisión Europea (CE) pretende "ofrecer mejor calidad y más posibilidades de elección en los servicios de transporte".
Propuestas
Las propuestas de la CE se basan en cuatro pilares. El primero de ellos tiene como objetivos reducir en un 20% los costes administrativos de las compañías ferroviarias y facilitar la entrada en el mercado de nuevos operadores, disminuyendo en un 20% el tiempo que tardan en ello. Así, las empresas ahorrarían 500 millones de euros hasta 2025. La Agencia Ferroviaria Europea pasaría a funcionar como una "ventanilla única" en la expedición de los certificados de seguridad para los operadores y las autorizaciones para comercializar vehículos en toda la Unión Europea, actualmente tramitados por cada uno de los Estados miembros.
La Comisión propone también que los ferrocarriles nacionales de viajeros se abran a nuevas compañías a partir de diciembre de 2019, para fomentar la innovación, la eficiencia y la rentabilidad. De acuerdo a este cuarto paquete, "las empresas podrán ofrecer servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril en toda la UE". Para ello, se podrían proponer servicios comerciales competitivos o licitar para obtener contratos públicos ferroviarios, que suponen más del 90% de los trayectos ferroviarios de la UE y estarán sujetos a la obligación de realizar una licitación. Los pasajeros dispondrían así de mejores prestaciones y mayor posibilidad de elección. Según la CE, estas medidas generarían más de 40.000 millones de euros de beneficios hasta 2035 para los ciudadanos y las empresas, y se podrían ofrecer hasta 16.000 millones de viajeros por kilómetro adicionales. Solo Suecia y Reino Unido cuentan con mercados totalmente liberalizados. Por su parte, Alemania, Austria, Italia, Holanda y República Checa tienen abiertos los suyos de forma limitada. España está pendiente de la concesión del título habilitante para operar el corredor Madrid-Levante en competencia con Renfe.
El tercer pilar hace alusión a que, para garantizar a todos la igualdad de acceso al ferrocarril, "los administradores independientes de las vías (o infraestructuras) deben hacer que las redes funcionen de forma eficiente y no discriminatoria, y coordinarse en toda la UE para sostener el desarrollo de una red auténticamente europea". La CE propone fortalecer a los administradores de infraestructuras para que controlen todas las funciones del núcleo del trazado ferroviario, incluyendo la planificación de las inversiones, las operaciones de mantenimiento y el establecimiento de horarios. La institución europea, "ante las numerosas quejas de los usuarios", considera que los administradores de infraestructuras "deben tener independencia operativa y financiera frente a cualquier operador que haga circular los trenes", algo que presenta como esencial para eliminar conflictos de interés. La Comisión hace hincapié en que la separación institucional es la forma más transparente para lograrlo.
Por último, el órgano europeo subraya que un sector ferroviario dinámico necesita "una mano de obra cualificada y motivada", ya que el ferrocarril deberá hasta 2025 atraer a nuevos trabajadores para sustituir a los que se jubilan y responder a un entorno más competitivo.
